EL PASADO Y EL PRESENTE

La construcción de las embarcaciones de balsa para la primera ocupación de la isla de La Plata, ocurrida alrededor del año 2500 A.C. [1] podría marcarse como la manifestación inicial de carácter marítimo que tuvieron los pueblos aborígenes de la costa ecuatoriana y consecuentemente también el inicio de la actividad pesquera. La evolución posterior en la ingeniería y en el diseño de dichas embarcaciones, en especial de su estructura, así como, el mayor conocimiento de las corrientes marinas, de los vientos predominantes, de la ubicación de arrecifes y de su profundidad, en conjunto con el desarrollo de ingenios en las artes de navegación y de pesca, permitió a los indígenas no sólo desplazarse a las islas Galápagos [2] sino también explotar y comercializar la concha Spondylus princeps, con lo cual se promovió la formación de una “Confederación Hanseatica”  en la que participaron varios puertos mercantiles, dentro del marco de una verdadera Liga de Mercaderes [3] , cuyo centro era el Señorío de Salangone y en donde el molusco se constituyó en el principal producto de intercambio y comercio; es decir, que aquel proceso evolutivo en los usos, aplicaciones, investigación y explotación de los recursos vivos del mar se tradujo en la primera manifestación geoeconómica ecuatoriana en un amplio sector del Océano Pacífico Oriental (OPO), que comprendía desde la costa centro americana al norte hasta la del Perú por el  sur, lo que impulsó la prosperidad de los aborígenes que poblaban la zona costera ecuatoriana.

La conquista terminó con la Liga de Mercaderes, pues las líneas de comunicación marítimas en este sector del océano Pacífico pasaron al control de España y con ello terminó también la comercialización regional del Spondylus. La explotación pesquera se redujo a satisfacer las necesidades locales y se mantuvo en el contexto artesanal por varios siglos y abarcó tanto el periodo de la colonia como una gran etapa de la República y es solo a mediados del siglo XX que en la actividad pesquera ecuatoriano suceden dos hechos trascendentes.

El primero, que el Ecuador, junto con Chile y Perú, con el fin de precautelar sus recursos vivos marinos, firmaron el 18 de agosto de 1952 la Declaración de Santiago, proclamando como norma de su política internacional marítima la soberanía y jurisdicción exclusiva sobre el mar que baña sus costas hasta una distancia mínima de 200  millas náuticas.

Se añadía también el suelo y subsuelo que a ellas correspondía. Debe aclararse, que la distancia de 200 millas; se basó, no tanto en la amplitud de la corriente de Humboldt  que es fluctuante o de la anchura de la plataforma del margen continental, pues para ese año se carecía de la suficiente información batimétrica para poder formarse una idea clara sobre la misma; si no mas bien, en el espacio que podía recorrer una embarcación caza ballenera en ir y volver a la estación terrestre trayendo cadáveres de cetáceos dentro de las 36 horas permisibles antes del que el mamífero inicie su descomposición [4] . Como la velocidad promedio del caza ballenero era de 5.55 nudos, la distancia máxima de retorno era naturalmente de 200 millas náuticas.   De esta manera, justificando la defensa de los recursos naturales del mar para asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones de subsistencia y procurarles los medios de desarrollo económico, Ecuador, junto a Chile y Perú, daban un paso trascendente en sus intereses en el Pacífico Sur Oriental, que tendría consecuencias posteriores en la negociación del nuevo derecho del mar.

Como resultado de la Declaración de Santiago, se creó la Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS), cuyo interés principalísimo en sus inicios fue la protección de las ballenas, el único recurso que se explotaba en forma industrial desde inicios del siglo XX, en Perú y Chile, en estaciones terrestres ubicadas a lo largo de sus costas, tres por país. A partir de 1957, con la creación del Comité de Consulta de Investigación Científica (COCIC), como un mecanismo de profundizar la investigación marítima de la CPPS, la Comisión principia a interesarse en la vigilancia, protección e investigación de los recursos pesqueros y con este fin, con el apoyo y cooperación de la FAO,  se crean los Institutos de Investigación Pesquera en la región ; así, en 1960 nace el Instituto Nacional de Pesca [5] con la misión de investigar el mar y sus recursos vivos, para generar los conocimientos científicos necesarios para su manejo por parte del sector público (Gobiernos),  del sector privado (industria pesquera y actividad artesanal) y de desarrollar las tecnologías y artes de pesca asociadas  a su correcto  manejo.